01/06/2009 | 05:58

Es un viejo adagio popular que el Socialismo Siglo XXI ha comenzado a ponerlo en práctica. En un país donde ningún organismo del Estado, con competencia para fiscalizar, se atreve a hacerlo, por la subordinación vergonzosa e indigna con el Poder Absoluto, cuando aisladamente, alguno de sus integrantes, revestido por la autoridad que les confiere el agónico estado de derecho quiere intentarlo, el Gobierno contraataca, arremete y amedranta, para no dejar duda de su omnímodo control y como escarmiento para que nadie más ose hacerlo.

De aquel Congresillo, que solo legisla las iniciativas que vienen de la “Plaza Grande” y que tiene prohibido fiscalizar, salió hace algunos meses atrás una decidida acción indagatoria que apuntaba al Ministerio de Salud y a varios de sus funcionarios, incluyendo a su titular; quién la impulsaba era el Comisionado manabita Leonardo Viteri. Muchos documentos, buena parte de ellos oficiales, eran contrastados ante la opinión pública, dejando sensaciones de dudas relacionadas con sobreprecios o contrataciones contraindicadas. Lo lógico hubiese sido investigar; pero ocurrió lo contrario. El gran “padrino” del socialismo Siglo XXI salió a arremeter contra los detractores en cuanta cadena televisiva o radial pudo. Esa adrenalina verde estimuló a la asustada Ministra, que en lugar de desvirtuar con contundencia se puso a ripostar con violencia, al puro estilo del Presidente. Las dudas quedaron pendientes, pero como la receta socialista indica que el contraataque tiene que ser más letal que la embestida del adversario, entonces hay que juzgarlo. No importa que para ello, haya que usar a la débil y obsecuente justicia, también entregada en cuerpo y alma a los dueños del País. Por ello, olvidan que en la propia Constitución que redactaron en Montecristi, impusieron en el artículo 128 la norma que claramente indica la ninguna responsabilidad de los asambleístas ni penal ni civilmente por las opiniones que emitan. Recordando, claro está, que en el régimen de transición, artículo 17, se otorga a los actuales Comisionados las mismas funciones que a los Asambleístas, por ende, sus mismos derechos y obligaciones.

Leonardo Viteri es Comisionado, por tanto tiene fuero de corte y no es responsable tanto civil como penalmente por lo que diga; pero la Ministra ya lo ha enjuiciado por daño moral. Para ello, violando el estado de derecho, de la mano, como su abogado, del más contumaz violador del mismo; aquel que se prestó para destruir la democracia, interpretando la Constitución y la ley a su manera, a sabiendas que tenía la fuerza pública a sus ordenes. Ese que fungía de Presidente del Tribunal Supremo Electoral en época de la naciente revolución ciudadana en el Poder.

Pero si este primer disparo de los pájaros es sorprendente, el segundo es alarmante; luego de ventilarse decenas de pruebas, documentos y sucesos, que hasta en el más ciego, sordo y mudo de los ecuatorianos levantaron dudas de las vinculaciones, por lo menos de Chauvín con la narcoguerrilla colombiana, el Presidente Correa sale con la insólita declaración que debería de investigarse al fiscal Solórzano, autor del dictamen que compromete a aquel ex funcionario de Gobierno. ¿ Y que quería el Presidente, luego que el propio Chauvín reconoció siete encuentros con Reyes y contactos con Ostaiza, que la indagación fiscal culmine con un rotundo sobreseimiento? Primero le pidió disculpas y luego aspiró a que no salga comprometido y como esto no ocurrió, entonces el malo no fue aquel que se reunió cuantas veces quiso en territorio ecuatoriano con el máximo líder operable de las FARC y que a su vez gestionaba beneficios gubernamentales para el capo de un cartel; el perverso es el Fiscal que tiene los pantalones bien puestos para jugarse la vida descubriendo y acusando a los malhechores. Digno de Ripley o de aquella tesis que hace algunas semanas esgrimí, cuando señalé mis profundas sospechas que la entrega de Chauvín fue negociada a cambio de sobreseimiento o leve pena con todas las garantías del caso, a cambio de decir lo que al Gobierno le conviene que diga.

¡ Qué le espera al Ecuador y a su gente¡ Si los que tienen la obligación de fiscalizar y acusar ahora son fiscalizados y acusados. Entonces, que podrá hacer el simple hombre de la calle, el periodista, el político sin cargo público o el empresario. Para ellos existe el S.R.I, el Conartel, las fiscalías y cuanto órgano del Estado sirva como arma de los pájaros para disparar contra las escopetas.